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Información Adicional
Privacidad Personal de Información Cibernética en República Dominicana
La protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en el Art. 44.2 de la Constitución de la República Dominicana, texto que establece que:
“Toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley.
El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos.”
Ley 172-13 sobre Habeas data
El país cuenta con una ley orgánica sobre protección de datos de carácter personal. La Ley 172-13, promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de diciembre del año 2013.
Esta ley tiene como objeto fundamental “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados, así como garantizar que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad de las personas”.
Esta nueva normativa regula, además, “la constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las Sociedades de Información Crediticia (SIC), así como la prestación de los servicios de referencias crediticias y el suministro de la información en el mercado, garantizando el respeto a la privacidad y los derechos de los titulares de la información”.
La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ha inhabilitado toda consulta de datos personales atendiendo al mandato de la Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivo, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes sean estos públicos o privados.
Los ciudadanos que deseen obtener cualquier información de sus datos personales respecto al Sistema Dominicano de Seguridad Social deben dirigirse a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).
La información personal de los dominicanos y dominicanas está también sujeta a los siguientes preceptos:
El Artículo 12 de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano:
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Artículo 17 del «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, consagra, al respecto, lo siguiente:
- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
República Dominicana es signataria de ambas iniciativas y por ende su política sobre la seguridad de las informaciones en ciber-espacio de personas, busca el mismo objetivo.
El estado adicionalmente siempre protegerá la información del ciudadano para evitar el robo de identidad y la suplantación electrónica de personas.
Es política del InnovaJurisRD, Inc., que cuando cualquier facilidad de la institución recolecte información personal de los ciudadanos, la información recolectada debe resguardarse y nunca ser proveída o compartida con empresas privadas bajo ningún concepto o excusa en estricto cumplimiento de nuestra Política de Privacidad.
Esta solo puede utilizarse para dirigir la política pública dominicana o para mejorar el bienestar personal de cada individuo y nunca para atacar la dignidad ni la honra de los ciudadanos.
Tampoco puede usarse para discriminar a la hora de ofrecer trabajo, atención de salud, recibir beneficio social, educativo o participación democrática.